El funcionamiento republicano
se basa en el equilibrio de los tres poderes, éstos deben cumplir su rol de
control mutuo para asegurar que la democracia no se transforme en una autocracia,
impuesta por intereses opuestos al bienestar general.
Cada uno de los tres poderes,
el ejecutivo, legislativo y judicial está compuesto por individuos, hombres y
mujeres, falibles y susceptibles de ser influenciados por intereses económicos
y geopolíticos, contrarios a los de los de los ciudadanos a los que han jurado
“por Dios y por la Patria” servir.
Por tal razón, el desempeño de
los miembros de cada uno de esos tres poderes debe estar vigilado, con
mecanismos que aseguren que su accionar sea siempre en el mejor interés de la
nación que los puso en funciones.
Si hablamos de grupos de presión
en lo económico y geopolítico, debemos asumir que éstos tienen el suficiente
poder de influenciar a quienes tienen la responsabilidad, de gestionar,
legislar y juzgar, mediante dádivas, “lobbies” u otros mecanismos de coerción.
Así se va construyendo la
capacidad de corromper a los funcionarios y vemos que en la mayoría de los
casos éstos son permeables a esas influencias. Basta ver el nivel de vida de la
gran mayoría de los miembros de estos tres poderes, muy por encima de sus
ingresos, fácilmente verificables dado que éstos son públicos y quienes los
perciben están impedidos de ejercer otra función en la actividad privada.
Para evitar estas
“influencias” de parte de los grupos de poder hay quienes aseguran que basta
con que dichos funcionarios perciban remuneraciones elevadas. Esto es
discutible porque por más altos que sean esos ingresos, nunca podrán competir
con el “poder de fuego” de los que los intentan corromper, ya sea con dinero u
otro tipo de amenazas (trampas de miel, extorsión, etc.).
Los países con niveles bajos o
inexistentes de corrupción política, en cambio, utilizan como mecanismo para
desalentar este flagelo, un castigo ejemplar, consideran estos actos de
parte de los funcionarios como delito de TRAICION A LA PATRIA y lo castigan con
la pena máxima del Código Penal respectivo. En aquellos en los que existe,
a menudo se les aplica la PENA DE MUERTE. Entre ellos encontramos a la
República Popular China, India, Japón, Singapur, Pakistán, Arabia Saudita,
entre otros.
¿Por qué insistimos en que con
corrupción política no funciona la democracia?
Porque la experiencia nos
muestra que en Argentina podemos cambiar de signo político de quienes
gobiernan, pasar de la izquierda a la derecha, y vemos que los negociados espurios
se dan con los mismos actores, los empresarios prebendarios continúan lucrando
con licitaciones amañadas, gane quien gane las elecciones siempre gobiernan los
mismos intereses.
Los ciudadanos debemos
convencernos que si no se acaba con la corrupción política no tiene sentido
votar.
Pasaron cuarenta y tres años
de democracia (con minúscula) desde la caída del último gobierno militar y la
situación es cada vez peor (ver en este blog el artículo “En Argentina la
democracia fracasó”).
La corrupción no es sólo
política, también son responsables los empresarios que corrompen y los
ciudadanos que votan corruptos.
“Yo no sé si fulanito afanaba,
pero repartía al pueblo”, esta frase con más o menos variantes se escucha a
menudo entre gente que vota, entonces podemos asumir que esas personas si
tuvieran la posibilidad de “afanar” también lo harían. La frase cada pueblo
tiene el gobierno que se merece, a pesar de ser gastada tiene siempre vigencia.
Hay que asumir que tenemos un
alto porcentaje de los ciudadanos votantes que aceptan de un modo u otro la
corrupción, siempre que los beneficie. ¿Acaso alguien que recibe un plan social
sin trabajar no es también un corrupto que se vende por monedas? Yo no puedo
imaginar a mi padre haciendo la cola en el ANSES para reclamar un plan social,
se le hubiera caído la cara de vergüenza y no hubiera tenido el coraje de mirar
a sus hijos a los ojos, “yo no le debo nada a nadie”, “a mi nadie nunca me dio
nada, todo me lo gané con esfuerzo”, son frases que los de mi generación
escuchábamos en nuestras casas en reuniones o en la mesa familiar. Hoy ya no es
así, NO HAY CONDENA SOCIAL AL CORRUPTO, por el contrario, muchas veces al
honesto se lo margina, incluso en su círculo íntimo si teniendo oportunidad de
corromperse, no lo hace.
Yo escribo esto, pero sé que
es muy difícil que la situación cambie, hay que aceptar que la mayor parte de
la población de Argentina es corrupta, en todos los niveles sociales.
Nunca va a salir del
congreso (con minúscula) la ley de “ficha limpia” y mucho menos una que
castigue la corrupción del funcionario público.
Por eso yo no voto más.
Jorge Melchor Greco
El
Foyel, 19.09.26
