Una solución integral al problema de la inseguridad en la Argentina.

 

Introducción.

 

La inseguridad es un problema al que el gobierno de Cambiemos no pudo encontrarle la vuelta,

Si bien fue una parte integrante de la herencia recibida del gobierno anterior, durante su mandato se la pasó dando “palazos de ciego”, no hubo un diagnóstico y mucho menos un plan para combatirla, existieron acciones aisladas y mediáticas donde se descubrió algún cargamento de droga o se pasó a disponibilidad a algún que otro funcionario policial acusado de corrupción, pero no dejaron de ser hechos carentes de un hilo conductor y mucho menos integrantes de un plan de acción global. En cuanto al gobierno kirchnerista actual no solo ni inició ninguna acción para atacar el problema, sino que directamente es cómplice de la delincuencia.

La inseguridad es un problema que tiene raíces complejas, en todos los niveles. Si hacemos un poco de historia vemos que la situación parece comenzar a agravarse a partir del advenimiento de la democracia, lo que implica un riesgo fuerte de que la gente común piense que existe una relación entre dictadura y seguridad. “Con los milicos esto no pasaba” se comienza a escuchar cada vez más a menudo y si observamos las estadísticas parecería que los que afirman esto tienen razón. Durante la dictadura militar casi no había delincuentes armados, es verdad que lo más probable sea que esto era así porque nadie quería exponerse a que lo encuentren con un arma y las fuerzas de represión lo consideren un “subversivo” y terminar en el Rio de la Plata o en alguna fosa común. Pero lo concreto es que a medida que transcurrieron los años de democracia los hechos delictivos fueron dándose en mayor cantidad y con mayor violencia, dejándole al ciudadano común la sensación de que el estado es incapaz de proteger a él, su familia y sus bienes.

El presente trabajo intenta hacer un diagnóstico del problema, sus orígenes, causas, evolución e interrelaciones entre sí, para luego esbozar un esquema de la solución posible con su plan de acciones concatenadas, con un orden de prelación, para lograr que la Argentina baje los niveles de inseguridad al de los países líderes en el tema.

 

 

El problema y sus orígenes.

 

Para comprender al monstruo debemos comenzar por analizar sus componentes principales, que a nuestro entender son:

 

·         El narcotráfico.

·         La corrupción política.

·         La corrupción policial y judicial.

·         La doctrina “garantista” en el derecho penal.

·         Una incorrecta interpretación de la doctrina de los derechos humanos.

·         Los factores sociales.

 

El narcotráfico.

 

El narcotráfico comenzó su penetración en la Argentina a fines de la década del 80 coincidiendo con la expulsión de los principales carteles de Colombia y Perú, como consecuencia del accionar de los respectivos gobiernos. Cuando estas fuerzas “patearon el hormiguero” del narcotráfico muchos de sus miembros comenzaron a buscar climas más favorables, dirigiéndose a Brasil, Paraguay, Bolivia y la Argentina.  En el caso de la cocaína los narcos de los países productores de la materia prima (la coca) que son Colombia, Perú y en menor medida Bolivia, percibieron como una buena estrategia elaborar la “pasta base” en dichos países para luego exportarla a los restantes (Paraguay y Bolivia) para allí finalizar la elaboración del producto, para finalmente trasladarla hacia la Argentina, Uruguay y Chile, para a su vez una parte menor volcarla al consumo en estos países y el resto exportarlo desde estos últimos a los mercados principales de consumo (Europa y los Estados Unidos).

Esta estrategia requería la instalación en estos países de organizaciones de narcotraficantes que además de tejer las redes de distribución para venderla localmente, serían los encargados de recibir la droga, “cortarla” para su distribución en el mercado local y organizar la exportación del resto hacia Europa y los Estados Unidos.

 

La corrupción política.

 

Para cumplir con este objetivo los narcos contaban con la inagotable fuente de dólares que el narcotráfico produce, para con este dinero corromper a las autoridades de los países a los que se dirigían. En el caso de la Argentina el hecho de que la misma se encontraba en democracia con las consecuentes pujas electorales hacía que algunos cuadros de partidos políticos fueran permeables a la corrupción, principalmente los intendentes de algunas localidades del conurbano bonaerense que comenzaron a obtener financiamiento para sus campañas políticas de parte de los narcotraficantes. Este accionar se vio favorecido por la falta de un sistema estructurado de financiamiento de los partidos políticos lo que hace que algunos candidatos inescrupulosos en su desesperación por obtener fondos para su campaña acepten donaciones sin preguntar demasiado de donde vienen.

Esto produjo que los narcos poco a poco comenzaran a enquistarse en el poder exigiendo la devolución de favores reclamando protección política para sus actividades.

 

La corrupción policial y judicial.

 

Para consolidar su poder las organizaciones narco comenzaron con su acción de seducción sobre las jerarquías policiales, principalmente en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, para luego extenderse a las del norte fronterizas con Bolivia y Paraguay, para finalmente al resto del país. La corrupción policial no nació con el narcotráfico, ya existían funcionarios corruptos tentados por la delincuencia ligada al robo de automotores, el juego y la prostitución, pero el monto de las dadivas era mucho menor, con la aparición del narcotráfico la corrupción policial entró en las ligas mayores y se volvió normal ver a comisarios con autos de alta gama, viviendo en casas quinta con pileta y dándose lujos incompatibles con su sueldo.

Como pieza final en el esquema de poder narco apareció la corrupción en el sistema judicial, que como en el caso de la policía ya tenía antecedentes con otros tipos de delito, donde algunos fiscales y jueces aliviaban penas de delincuentes a cambio de dinero, en el caso del narcotráfico los sobornos fueron muchos mayores tentando a una buena parte del poder judicial dando como consecuencia que prácticamente ningún narco de alto rango fuera condenado.

Lo anterior permitió la instalación de las organizaciones narcos en la Argentina que por provenir de distintos orígenes también comenzaron a luchar entre sí para avanzar sobre los territorios de sus rivales, iniciándose acciones de violencia nunca vistas anteriormente, con asesinatos a cargo de sicarios y ajustes de cuenta cada vez más truculentos.

 

La doctrina “garantista” en el derecho penal.

 

Complementando lo anterior y para complicar el cuadro de la inseguridad en la Argentina apareció, liderada por el Dr. Eugenio Zaffaroni, la doctrina garantista nacida durante el primer gobierno kirchnerista y alimentada por pensamientos de izquierda que consideraban básicamente al delincuente como una “víctima de la sociedad” al que bajo ningún concepto se debía castigar, sino que por el contrario había que ayudar. Durante dicho gobierno se trató a las fuerzas de seguridad con mucha desconfianza, no por las sospechas de corrupción que mencionáramos anteriormente, sino porque se las relacionaba con la represión de la dictadura, gatillo fácil, etc. Como consecuencia de ello a estas fuerzas se las instruyó (Nilda Garré) para que no hagan uso de sus armas, y cuando lo hacían se castigaba severamente a los efectivos Esto trajo como consecuencia que los delincuentes le pierdan el respeto a las fuerzas de la Ley y se fueran poco a poco convenciendo de que el hecho de cometer cualquier acción violenta con sus armas no les implicaba ningún riesgo. En los países centrales (Francia, por ejemplo), me consta que en el mundo del hampa existen dos niveles claramente diferenciados, el de los delincuentes que no llevan armas y el de los que si lo hacen. La mayoría se encuentra entre los primeros, que en el caso de que sean capturados la policía no le encuentra ningún elemento letal, esto les garantiza que llegaran vivos a verle la cara al juez. Por el contrario, los de la segunda categoría, cuyo número es mucho menor saben que el hecho de andar armados pone en riesgo su vida, normalmente se trata de delincuentes muy “pesados” (bandas que asaltan camiones blindados o bancos) que están dispuestos a todo pero que también saben que en caso de enfrentamiento con las fuerzas policiales (generalmente grupos de elite muy bien entrenados) las probabilidades de salir vivos son muy bajas. En dichos países en lugar del “garantismo” existe la teoría de la “peligrosidad potencial”, es decir que no es necesario que el delincuente haga uso de su arma para ser abatido, sino que desde el momento de que la policía detecta de que esta armado ya tiene el derecho de disparar, porque se considera que la peligrosidad potencial del delincuente lo justifica. Como consecuencia en Francia u otros países europeos pocos delincuentes van armados. Dejamos de lado obviamente los hechos de terrorismo que son de una naturaleza diferente.

 

Una incorrecta interpretación de la doctrina de los derechos humanos.

 

Relacionado con el punto anterior, el pensamiento de izquierda del gobierno kirchnerista centrado en que el delincuente es una víctima de la sociedad trajo aparejado que se aliviaran las penas, unido a la mala administración del sistema penal que generaba superpoblación carcelaria, dando como consecuencia que sea deseable para el sistema que se reduzcan las condenas de los presos, para de esta forma reducir la población carcelaria. Si comparamos las penas para delitos similares en la Argentina respecto a otros países (Europa o los Estados Unidos) vemos que en promedio en nuestro país éstas son entre un tercio y la mitad que la de estos países, con el agravante de que en muchos casos existe liberación anticipada. Dejando de lado la discusión respecto a que, si un agravamiento de las penas reduce el nivel de delitos, lo que daría para varios libros, lo que debemos pensar es si es lógico que tengamos condenas mucho menores que en los países centrales. ¿Están todos equivocados y nosotros (Zaffaroni) tenemos razón? Es una tendencia argentina el creer que somos los dueños de la verdad, especialmente en el gobierno kirchnerista. Nosotros, por el contrario, creemos que debemos imitar a los países que les va bien, especialmente en materia de seguridad. En los países serios tratan de que el delincuente peligroso no esté en la calle. Estadísticamente está comprobado que un delincuente juvenil que comete un homicidio antes de los veinte años de edad, cometerá durante toda su carrera delictiva entre tres y siete hechos similares. A menudo vemos por los diarios que un delincuente liberado de una condena por homicidio comete un nuevo hecho, esto solo lo sabemos por la prensa porque no existen estadísticas oficiales, pero de existir nos mostrarían que la tasa de “rehabilitación” carcelaria es muy baja. Esa es la razón por la que en los países centrales (Francia, por ejemplo) mantienen al homicida la mayor cantidad de tiempo posible preso, o muerto…, con el debido respeto al Dr. Zaffaroni. A esta altura es bueno recordar que la doctrina de los derechos humanos fue creada durante la revolución francesa.

           

Los factores sociales.

 

Por último, en la lista de causas de la inseguridad encontramos a las de índole social, que a mi entender son las que menos peso tienen en el conjunto del problema. Es cierto que la falta de oportunidades y la pobreza pueden incitar al delito, pero pobres hubo siempre y nunca tuvimos estos niveles de violencia donde se mata para robar un celular. Un adolescente con un arma no es un “menor” es un delincuente armado y como tal debe ser tratado. No hay que olvidar que los más afectados por la delincuencia son los pobres que no quieren caer en el delito y buscan abrirse camino en la vida como gente de bien. No nos olvidemos de sus “derechos humanos” a vivir en seguridad.

El narcotráfico agravó el problema social, sobre todo en los jóvenes pobres, iniciándolos en las drogas, especialmente las de baja calidad. Para reclutar a sus “soldaditos” los dealers barriales los inician en el “paco” que les destruye el cerebro, haciéndoles saber que no vivirán mucho, esta pérdida de respeto por la propia vida hace que la de los demás (sus víctimas) valga aún menos, produciéndose los desgraciados hechos que vemos a diario, donde se mata sin razón.

 

Hasta aquí una enunciación encadenada de lo que a nuestro entender son las causas de la inseguridad en la Argentina, a continuación, pasaremos a enunciar una serie de acciones también entrelazadas que conforman un plan para encontrar la solución.

 

 

Acciones para enfrentar el problema de la inseguridad.

           

Como vimos una de las principales causas del aumento de la inseguridad en la Argentina es la aparición del narcotráfico, las características de este tipo de delincuencia son:

 

·         Contar con sumas prácticamente ilimitadas de dinero.

·         Formar parte de una red internacional con posibilidades de ingreso y salida del país casi sin control.

·         Cobertura y protección por parte de miembros de la política, las fuerzas de seguridad y la justicia.

·         Armamento pesado y de última generación.    

·         Fuerzas de choque bien pagadas y mejor entrenadas.

 

Esto nos da una idea de lo formidable que es el poder del enemigo a enfrentar, actualmente se lo está haciendo con:

 

·         Fuerzas de seguridad con cuadros corruptos ligados al enemigo.

·         Jueces y fiscales en la misma situación.

·         Un marco legal que favorece el ingreso de delincuentes del exterior y dificulta o directamente anula su posibilidad de expulsión, unido a condenas de corta duración que ponen al delincuente en corto tiempo nuevamente en la calle.

·         Fronteras con controles débiles.

·         Personal con armamento y entrenamiento inferior al del enemigo a enfrentar.

 

La simple enunciación de estos factores nos indica la desventaja con la estamos luchando contra este flagelo y el sentido común nos lleva a pensar que si no cambiamos la situación la guerra está irremediablemente perdida.

 

Por el contrario, vemos que, si eliminamos o limitamos los niveles de corrupción en los estamentos políticos, fuerzas de seguridad y justicia, le estamos quitando al narcotráfico una de sus principales fuentes de poder.

 

Como atacar la corrupción.

 

Es tan formidable la cantidad de dinero a disposición del narcotráfico que su capacidad de seducción es muy fuerte (sin olvidad también su capacidad de amenazar al funcionario y a su familia). Por tal razón hay que poner en frente a esta capacidad de “corromper” un elemento de potencia similar o mayor.

Hemos analizado como actúan otros países frente al mismo problema y vemos que los más exitosos, los que cuentan con niveles mínimos de corrupción en sus funcionarios, han adoptado una estrategia (China, Japón, Singapur, y otros) de considerar a la corrupción de un funcionario público, cualquiera sea su naturaleza o jerarquía, como delito de Traición a la Patria aplicándosele la pena máxima (la de muerte en China o Singapur y la prisión a vida en Japón). Unido a esto nuestra propuesta es también la expropiación de los bienes obtenidos producto de esa corrupción.

 

Acción número uno:

El Poder Ejecutivo deberá enviar al Parlamento para su aprobación un proyecto de ley que considere a la corrupción de funcionario público como Traición a la Patria, pasible de la pena máxima e incluir las acciones de expropiación del producido por dicho delito.

 

Acción número dos:

Ahora bien, aun teniendo el marco legal será necesario para poder aplicarlo contar con una justicia depurada de corrupción, por lo que se deberá “pasar al peine fino” a cada funcionario (jueces y fiscales) comparando su nivel de ingresos con su nivel de vida, esta será una tarea ardua por lo que se deberá actuar de arriba hacia abajo, comenzando por los más importantes, un actor posible puede ser la Oficina Anticorrupción a la que se deberá dotar de los medios adecuados, los informes producidos se deberán enviar al Consejo de la Magistratura para su tratamiento, previa depuración de este organismo. El mero enunciado de esto hace pensar en el nivel de conflicto político que generara entre la justicia y el poder ejecutivo, pero en nuestra opinión no hay otro camino.

 

Acción número tres:

Para atacar la corrupción policial y de otras fuerzas de seguridad se deberá contar previamente con una fuerza propia en la que se pueda confiar, no olvidemos que cuanto se comiencen a generar los “anticuerpos” en las fuerzas bajo sospecha el riesgo de conflicto es muy alto y están por definición “armadas”. A menudo el gobierno está utilizando a la Gendarmería Nacional para las acciones en casos de corrupción de otras fuerzas. Es un tema a analizar con cuidado y con especialistas que conozcan bien a estos cuerpos desde adentro. En concreto se necesita una fuerza de choque amiga para poder intervenir a cada fuerza bajo sospecha, desarmarla y “pasar al peine fino” a los funcionaros para separar “la paja del trigo”. También es para evaluar la posibilidad de utilizar para este fin a las Fuerzas Armadas (Ejercito y Marina principalmente) porque a nuestro entender son las menos contaminadas por la corrupción narco.

Esta acción se debe planificar cuidadosamente dado el alto nivel de riesgo que implica. Cuando los jerarcas policiales se vean en peligro no dudaran en provocar acciones extremas (conflictos sociales, amenazas y atentados), para poder sustraerse a la acción de la justicia.

 

Acción número cuatro:

Esta acción se debe realizar luego de la numero dos (justicia), y luego de cumplida la número uno (leyes de traición a la patria – expropiación) centrándola en aquellos cuadros políticos instalados en posiciones de poder (intendentes, gobernadores, miembros de los parlamentos provinciales y nacionales), promoviendo acciones de juicio político para eliminación de fueros y luego pasar al proceso judicial.

Es de imaginar el descalabro político que puede provocar que hará tambalear las instituciones, pero estamos en “cirugía mayor” se necesitará mucho coraje y compromiso patriótico por parte de los miembros sanos de los tres poderes del estado para llevarla a cabo.

 

Acción número cinco:

Esta acción está orientada a atacar a la delincuencia operando en la calle generadora de los hechos de inseguridad que más impacto provocan en la población, consiste en la modificación de leyes del Código Penal, a saber:

·         Aumento de penas por los delitos para llevarlas a niveles de los países líderes en el tema (Francia, Alemania, algunos estados de EEUU). Como vimos en muchos casos llevara a duplicar e incluso triplicar la duración de las mismas, con la consecuente adecuación del sistema carcelario.

·         Modificación de las leyes de inmigración para impedir el ingreso de elementos indeseables del extranjero y la expulsión de aquellos que cometan delitos en nuestro país.

 

Acción número seis:

Eliminación de la “doctrina garantista en lo penal”, esta acción será muy resistida por los sectores de izquierda y las organizaciones defensoras de los derechos humanos, y será de largo aliento. Implica el cambio en el paradigma utilizado durante la última década en las facultades de derecho, donde se considera al delincuente un producto de la injusticia social. Requerirá el apoyo de académicos del Derecho y miembros del Poder Judicial. Como todo cambio cultural será largo y laborioso, pero necesario. Al mismo tiempo y al contar con unas fuerzas de seguridad ya depuradas y mejor entrenadas se deberá modificar el paradigma actual de “no tirar” por el de “riesgo potencial” usado en Europa y Estados Unidos (además de la mayoría de los países) donde las fuerzas del orden no esperan a que el delincuente haga uso de su arma para reprimir con la fuerza, sino que por el contrario el mero hecho de identificar que el mismo está armado le autoriza a abrir fuego y abatirlo. Esto también será muy resistido por la izquierda, pero hay que aprovechar la opinión general de la población que pide a gritos que se combata a la delincuencia para avanzar. El objetivo final es lograr que el delincuente se convenza que el hecho de andar armado pone en riesgo su vida (como sucede en los países mencionados) y a su vez vuelva a respetar a las fuerzas de seguridad. Esto se debe acompañar con mensajes a la población dirigidos a instalar que un delincuente abatido evita varias muertes de inocentes en el futuro.

 

Acción número siete:

Consiste en la creación de una fuerza de intervención federal orientada al combate de la “delincuencia pesada” que incluye a las bandas de narcotraficantes, esta fuerza deberá depender directamente del Ministerio de Seguridad y contará con personal muy bien entrenado en las técnicas de combate urbano y medios de última generación, tanto en armamento como transporte (vehículos terrestres, marítimos y aéreos), esta acción debe estar unido a un refuerzo de las fronteras, cobertura de radar y “ley de derribo”. La fuerza federal mencionada se conformará con miembros provenientes de las otras fuerzas de seguridad que hayan pasado la selección poniendo énfasis en su honestidad, honor y patriotismo. Estos valores que parecen estar fuera de época deben servir para crear en dicha fuerza la “mística” y sentido de pertenencia, que contribuirá a mantenerlos incorruptibles, como sucede con los Carabineros en Chile o el BOPE en Rio de Janeiro – Brasil. Esta fuerza federal es un reaseguro durante la fase de depuración de las otras fuerzas para intervenir en casos posibles de rebelión. Por su característica de “fuerza de élite” debe estar mejor paga que el resto para apuntalar su fidelidad y compromiso.

 

Estas acciones concatenadas están orientadas a instalar en los carteles internacionales de la droga el convencimiento de que la Argentina no es un país “amigable” al narcotráfico y que les conviene instalarse en otro lugar.

 

Conclusión.

 

Hasta aquí un esbozo que constituye el esqueleto de un plan de acción para combatir de raíz a la inseguridad, cada una de ellas deberá profundizarse y bajar a más grado de detalle, unido a un cronograma de implementación con responsables y plazos. Somos conscientes de que las acciones son de difícil realización y exigirán un fuerte compromiso político, requerirá la colaboración de todos los miembros del gobierno y de los tres poderes del Estado además de una tarea ciclópea por parte del Ministerio de Seguridad. No obstante, estamos convencidos de su factibilidad y resultados.